Asimismo, se refuerza la importancia de la autodeclaración del estado de salud. Los conductores están obligados a informar si reciben un diagnóstico que pueda afectar su capacidad para manejar. Omitir esta información puede derivar en sanciones administrativas o en la suspensión del permiso, ya que se considera un riesgo para la seguridad pública.
No obstante, estas disposiciones no están exentas de críticas. Diversos colectivos de adultos mayores señalan que las nuevas reglas pueden interpretarse como una forma de discriminación por edad. Argumentan que muchas personas de más de 70 años mantienen plenas capacidades, mientras que conductores más jóvenes también protagonizan accidentes por conductas imprudentes.
Frente a estas posturas, especialistas en seguridad vial sostienen que la clave está en las evaluaciones individualizadas. Analizar cada caso de forma particular permite evitar generalizaciones injustas y priorizar el bienestar colectivo, incluyendo peatones, ciclistas y otros automovilistas.
